DF, México — De acuerdo con el discurso del Ejecutivo, la iniciativa está enfocada a fortalecer a Pemex; sin embargo, seguir apostando a que el crecimiento económico del país esté basado en la renta y las ganancias petroleras es una visión simplista sobre las necesidades y el futuro de la nación, lamenta Greenpeace
México sigue apostando a las energías sucias con la iniciativa de reforma energética presentada por el Ejecutivo al Senado de la República, lo cual representa un estancamiento en materia ambiental y una clara muestra de que al gobierno federal no le importa revertir los efectos del cambio climático en nuestro país, criticó Greenpeace.
De acuerdo con el discurso del Ejecutivo, la iniciativa está enfocada a fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, seguir apostando a que el crecimiento económico del país esté basado en la renta y las ganancias petroleras es una visión simplista sobre las necesidades y el futuro de la nación. No tener una perspectiva integral de reforma energética es perder la oportunidad de enderezar el rumbo del país. Y por supuesto que tampoco va a fortalecer a Pemex.
“México y los países firmantes del Protocolo de Kyoto tienen un compromiso para disminuir las emisiones de dióxido de carbono rumbo al 2012, y con la iniciativa presidencial seguiremos como consumidores de combustibles fósiles y emisores de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Esto representa un retroceso en materia de política ambiental, toda vez que en la reforma energética no figura la generación de energías renovables, ni la posibilidad de que las empresas del estado las administren con esquemas diferentes a los existentes hasta ahora”, explicó Jorge Escandón, coordinador de la campaña de Energía y cambio climático de Greenpeace México.
El futuro de México en matera energética no depende de la exploración y explotación de aguas profundas para continuar con la generación de energía. Existen alternativas con menor costo económico y ambiental, que deben ser consideradas porque ofrecen muchas posibilidades de beneficio social.
Dentro del proceso de eficiencia que se plantea para Pemex es prioritario revisar la historia de daños ambientales provocados por la paraestatal y garantizar que no se van a cometer los mismos errores, como los que ocasionaron desastres humanos y ambientales en la plataforma Usumacinta en 2007 y los derrames de Coatzacoalcos en años anteriores, por poner un ejemplo.
“En el mensaje presidencial se plantea que dentro de la riqueza que puede generar Pemex se tendrá una producción nacional de fertilizantes mucho mas barata. Al respecto, es necesario recordar el daño que se produce a las tierras de cultivo al abusar de los fertilizantes. Ésta es una muestra más de que optar por las energías contaminantes, generadas por combustibles fósiles, producen riqueza económica para el país, en el corto plazo, pero se traducen en daños ambientales con alto costo para el sector campesino mexicano y para todo el país a mediano y largo plazo”, explicó Escandón.
Para Greenpeace, el futuro del sector energético de México implica:
• Abrir un debate y consulta nacional sobre el futuro del sector energético del país, en el que se promuevan alternativas de energías renovables y no sólo Pemex, y que cuente con la participación de comunidades, especialistas, técnicos y académicos.
• Buscar alternativas que no repitan el modelo equivocado de sustentar el crecimiento económico de México en la renta petrolera, debido a que es la petrolización de las finanzas públicas lo que ha debilitado a Pemex. El hecho de que el sistema energético mexicano dependa principalmente de las fuentes fósiles no renovables (petróleo, carbón y gas) hace más vulnerable nuestra economía, pues está sujeta a la volatilidad de los precios internacionales y a la disponibilidad de estos recursos.
• Diversificar la matriz energética del país al 2030, con un porcentaje de energías renovables de por lo menos el 30 por ciento y que no se concentren en grandes hidroeléctricas, para evitar que las próximas generaciones sufran las consecuencias de daños ambientales y del aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. La opción nuclear no es una medida adecuada por costosa e insegura, además de que no se deja de importar combustible y conlleva grandes riesgos en el manejo de las centrales y en la disposición de los residuos radioactivos que genera.
• Transformar la industria de refinación petrolera y petroquímica dando prioridad al uso de insumos nacionales y cumpliendo con criterios de menor contaminación ambiental, por ejemplo para la refinación de gasolina con bajo azufre. En necesario que esta transformación visualice políticas públicas en los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, que fortalezcan el transporte público en las ciudades más importantes del país y que no incentiven el transporte individual.
• Analizar los ejemplos en otros países, donde la tendencia es un proceso de reducción del tamaño de las plantas generadoras de electricidad, aprovechando nuevas tecnologías y la necesidad de reducir la vulnerabilidad que representa la capacidad de generación de energía en un solo lugar. Estas plantas pequeñas se encuentran más cerca de los usuarios finales (incluso en sus propias instalaciones o casas) y permiten, en muchos casos, mayor eficiencia a un menor costo.
• Apostar por la industria nacional y las empresas sociales en el desarrollo y producción de tecnología para generar energía renovable en pequeña escala, así como manufactura de materiales, equipos y sistemas que permiten ahorrar energía; impulsaría la creación y el fortalecimiento de capacidades locales, desarrollo de pequeñas y medianas empresas, lo cual significaría nuevos empleos.
Debido a que el diseño y la gestión del sector energético están estrechamente ligados con un amplio rango de asuntos que preocupan a toda la sociedad, dado que se trata de un servicio público y, por lo tanto, de interés colectivo; al diseñar una reforma energética en nuestro país se debe asegurar que las empresas públicas, sean transparentes, informen de sus operaciones y finanzas a la sociedad y a su vez, acepten el establecimiento de órganos mixtos con participación estatal y ciudadana que supervisen sus actividades.
— Sandra Martinez Platas
